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Para cobrar una deuda en Colombia se debe verificar la obligación y sus soportes (contratos, facturas, pagarés o letras), confirmar que no esté prescrita, iniciar un cobro extrajudicial respetuoso bajo la Ley 2300 de 2023 y, si no hay pago voluntario ni acuerdo, evaluar la presentación de una demanda ejecutiva con solicitud de medidas cautelares si existe un título ejecutivo idóneo.

El cobro extrajudicial reúne las gestiones directas o tercerizadas para recuperar una obligación vencida sin acudir a un juez (requerimientos, llamadas y acuerdos de pago). La Ley 2300 de 2023 restringe los horarios de contacto (lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., domingos y festivos prohibidos), prohíbe contactar más de una vez al día y prohíbe cobrar a las referencias personales.

Un título ejecutivo es un documento que contiene una obligación expresa, clara y exigible proveniente del deudor o su causante, conforme al artículo 422 del Código General del Proceso (CGP). Prestan mérito ejecutivo los pagarés, letras de cambio, contratos de arrendamiento o prestación de servicios, facturas electrónicas con radicado de aceptación, actas de conciliación y sentencias judiciales.

El proceso ejecutivo es un trámite judicial (Ley 1564 de 2012) donde el juez libra mandamiento de pago ordenando al deudor cancelar capital e intereses en 5 días o proponer excepciones en 10 días. Desde la presentación de la demanda, el acreedor puede solicitar medidas cautelares previas de embargo y secuestro sobre cuentas bancarias, inmuebles, vehículos y salarios para garantizar el pago forzoso.

La vía más rápida suele ser una negociación extrajudicial estructurada o una audiencia de conciliación formal, ya que permite pactar abonos inmediatos o garantías adicionales sin dilaciones procesales. Si el deudor rehúsa conciliar pero se cuenta con un título ejecutivo con bienes identificados, la demanda ejecutiva con embargo previo es el mecanismo con mayor poder coercitivo.

Una letra de cambio en Colombia debe diligenciarse identificando con claridad al girador, al girado y al beneficiario, el valor numérico y en letras de la obligación, la fecha de creación, la fecha de vencimiento, el lugar de pago y las firmas correspondientes. Debe cumplir los requisitos de los artículos 621 y 671 del Código de Comercio para prestar mérito ejecutivo.

Un pagaré en Colombia es un título valor mediante el cual una persona se compromete de manera incondicional a pagar una suma determinada de dinero a favor de otra en una fecha o modalidad pactada. Se utiliza para respaldar préstamos, créditos y saldos pendientes, permitiendo iniciar un proceso ejecutivo con medidas cautelares si el deudor incumple.

La diferencia principal está en la estructura de la obligación: el pagaré contiene una promesa directa e incondicional de pago de quien lo suscribe (otorgante), mientras que la letra de cambio contiene una orden de pago dirigida por el girador a un tercero (girado) para que pague al beneficiario.

Sí. El artículo 622 del Código de Comercio autoriza los títulos valores con espacios en blanco, siempre que se diligencien estrictamente conforme a una carta de instrucciones previa y escrita impartida por el suscriptor antes de presentar el título para su cobro judicial.

El cobro se estructura en dos fases: una prejudicial o extrajudicial (requerimiento escrito formal y liquidación de intereses conforme a la tasa legal permitida) y, si no hay pago, una fase judicial mediante demanda ejecutiva ante juez civil solicitando el embargo de cuentas bancarias, salarios e inmuebles.

La acción de tutela es un mecanismo judicial constitucional (artículo 86 de la Constitución Política) que permite a cualquier persona solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten amenazados o vulnerados por autoridades públicas o particulares en casos concretos. El juez debe resolverla en un plazo improrrogable de 10 días hábiles.

Protege derechos esenciales como la salud, la vida, la igualdad, el debido proceso, la educación, el mínimo vital, la intimidad, el habeas data y el derecho de petición. No procede para dirimir disputas puramente económicas o contractuales ordinarias que tienen su propio trámite judicial.

Cualquier persona puede presentar una acción de tutela sin abogado. Solo se requiere elaborar un escrito que identifique a las partes, narre cronológicamente los hechos ocurridos, indique los derechos vulnerados, formule las pretensiones de amparo, adjunte pruebas y declare bajo juramento no haber presentado otra tutela idéntica.

Procede cuando se cumplen tres requisitos: legitimación en la causa (quien acciona tiene interés directo o actúa por representación/agencia oficiosa), inmediatez (presentada en un plazo razonable tras la vulneración) y subsidiariedad (no existe otro mecanismo judicial ordinario eficaz, o se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable).

Si el demandado no cumple la orden judicial dentro del plazo concedido, el accionante puede solicitar el cumplimiento al juez y promover un incidente de desacato, el cual puede acarrear sanciones de arresto hasta por seis meses y multas sucesivas conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

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Incluye salarios pendientes, cesantías (un mes por año laborado), intereses a las cesantías (12% anual proporcional), prima de servicios semestral proporcional y compensación en dinero de vacaciones no disfrutadas. Si ocurrió un despido sin justa causa, procede adicionalmente la indemnización legal según el CST y la Ley 2466 de 2025.

Se calcula aplicando las fórmulas normativas sobre el salario base: Cesantías = (Salario base × Días laborados) / 360; Intereses = (Cesantías × Días × 0.12) / 360; Prima = (Salario base × Días del semestre) / 360; y Vacaciones = (Salario ordinario × Días) / 720. El auxilio de transporte se suma para cesantías y prima si se devengan hasta 2 SMLMV, pero no para vacaciones.

El trabajador puede reclamar judicialmente la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (un día de salario por cada día de retardo durante los primeros 24 meses). La reclamación laboral prescribe por regla general a los 3 años contados desde que la obligación se hizo exigible.

Si te despiden sin justa causa, debes solicitar la carta de terminación por escrito con la causal y fecha exacta, conservar copias de tu contrato y desprendibles de pago, no firmar renuncias o finiquitos en blanco, verificar la liquidación ordinaria y calcular la indemnización del artículo 64 del CST para exigir su pago extrajudicial o judicial.

En contrato a término indefinido con salario menor a 10 SMLMV corresponden 30 días de salario por el primer año y 20 días adicionales por cada año siguiente (proporcional por fracción). Si ganas 10 o más SMLMV, son 20 días el primer año y 15 por año adicional. En contratos a término fijo se pagan los salarios restantes pactados, y en obra o labor el tiempo faltante (mínimo 15 días).

Se calcula determinando el salario mensual ordinario y la antigüedad en la empresa. Para contrato indefinido menor a 10 SMLMV: 30 días de salario si llevas hasta 1 año, y 20 días adicionales por cada año o fracción posterior. Por ejemplo, con 2 años y 6 meses y sueldo de $2.000.000, corresponden 60 días de salario ($4.000.000), suma independiente de las prestaciones de liquidación.

Sí, el empleador tiene la facultad de terminar el contrato unilateralmente en cualquier momento, pero la ley lo obliga a pagar una indemnización equivalente a los salarios que faltaban para completar el plazo pactado. Si el contrato vence legalmente, no hay indemnización siempre que el empleador envíe el preaviso escrito de no prórroga con al menos 30 días de anticipación.

Un despido por razones de salud o embarazo vulnera la estabilidad laboral reforzada (Sentencias T-275 de 2026 y T-032 de 2026). Si no medió autorización previa del Ministerio del Trabajo, el despido es ineficaz: el trabajador puede interponer acción de tutela o demanda laboral para exigir el reintegro inmediato, el pago de salarios caídos y una indemnización sancionatoria de 60 a 180 días.

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) se constituye mediante documento privado o escritura pública ante la Cámara de Comercio del domicilio principal, registrando estatutos, nombramiento de representante legal, solicitud de pre-RUT y posterior apertura bancaria y registro definitivo ante la DIAN.

La SAS puede crearse desde 1 accionista sin límite máximo, divide su capital en acciones libremente negociables, se constituye por documento privado y ofrece administración flexible. La sociedad limitada (Ltda.) exige entre 2 y 25 socios, divide su capital en cuotas sociales, requiere escritura pública notarial por regla general y tiene un régimen de cesión más estricto.

En 2026 rige la Ley 100 de 1993: los hombres deben tener 62 años de edad y mínimo 1.300 semanas cotizadas, y las mujeres deben tener 57 años de edad y mínimo 1.250 semanas cotizadas (por aplicación de la Sentencia C-197 de 2023 de la Corte Constitucional, que redujo 50 semanas a partir del 1 de enero de 2026).

Durante 2026, una mujer en Colpensiones necesita 1.250 semanas cotizadas (50 semanas menos que la regla general histórica). A partir de 2027, el requisito disminuirá progresivamente en 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1.000 semanas definitivas, conforme al precedente constitucional vinculante.

Conforme a la Sentencia C-264 de 2026 de la Corte Constitucional, las disposiciones declaradas exequibles de la reforma pensional entrarán en vigor el 1 de abril de 2027, encontrándose en curso un incidente de impacto fiscal y trámites de subsanación legislativa. Durante 2026 continúa rigiendo el régimen de la Ley 100 de 1993.

Se deben interponer los recursos administrativos de reposición y apelación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución denegatoria. Si persisten inconsistencias o semanas no computadas de empleadores en mora, procede adelantar una demanda ordinaria laboral o una acción de tutela por afectación al mínimo vital.

La Ley 820 de 2003 regula el arrendamiento de vivienda urbana: fija el límite del canon mensual en máximo 1% del valor comercial, restringe el incremento anual al IPC del año calendario anterior tras 12 meses de ejecución, prohíbe exigir depósitos en efectivo y consagra el procedimiento de terminación contractual y restitución judicial.

Para desalojar legalmente a un inquilino no se deben emplear vías de hecho (como cambiar cerraduras o suspender servicios). El propietario debe notificar la causal de incumplimiento (falta de pago o vencimiento), intentar acuerdo en conciliación y, en caso de renuencia, interponer demanda de restitución de inmueble arrendado ante un juez civil conforme al artículo 384 del Código General del Proceso.

Cada doce meses de contrato continuo, el arrendador puede incrementar el canon hasta en un monto que no supere el 100% del IPC del año inmediatamente anterior determinado por el DANE, siempre que el nuevo valor no rebase el 1% del valor comercial del inmueble y se notifique previamente por escrito al arrendatario.

No. El artículo 16 de la Ley 820 de 2003 prohíbe expresamente exigir depósitos en dinero en efectivo u otras cauciones reales para garantizar las obligaciones del arrendatario en contratos de vivienda urbana. Solo se admiten pólizas o garantías bancarias para amparar el pago de servicios públicos bajo las reglas del artículo 15.

La insolvencia de persona natural es un procedimiento legal que permite a personas no comerciantes y pequeños comerciantes en crisis financiera reorganizar sus deudas mediante un acuerdo con sus acreedores o someter su patrimonio a liquidación judicial. Regulado por el CGP y reformado por la Ley 2445 de 2025, busca una solución ordenada bajo buena fe sin desaparecer mágicamente las deudas.

Conforme a la Ley 2445 de 2025, se debe estar en cesación de pagos cumpliendo uno de dos supuestos: 1) estar en mora de más de 90 días en dos o más obligaciones con dos o más acreedores, que representen al menos el 30% del pasivo total; o 2) cursar dos o más procesos ejecutivos o de cobro que alcancen dicho 30%.

El trámite inicia radicando la solicitud con inventario de deudas, bienes y propuesta de pago ante un centro de conciliación o notaría. Tras aceptar el cargo, el conciliador verifica requisitos en 3 días y cita a audiencia de negociación en 10 días. El proceso dura 60 días ordinarios para lograr un acuerdo de pago o remitir a liquidación judicial.

Al aceptarse el trámite (art. 545 CGP), se suspenden los procesos ejecutivos y embargos en curso, se frenan cobros y libranzas (salvo alimentos) y no pueden iniciarse nuevas demandas. Si hay acuerdo, se pagan según lo pactado; si fracasa y se va a liquidación patrimonial, los bienes embargables se adjudican y los saldos insolutos mutan a obligaciones naturales.

El trámite ofrece tres vías: negociación de deudas, convalidación de acuerdos o liquidación patrimonial. Es gratuito en consultorios jurídicos de universidades y entidades públicas desde 2026, y tarifado en notarías y centros privados. La asistencia de abogado litigante es obligatoria cuando las obligaciones superan la mínima cuantía conforme a la Ley 2445 de 2025.

La cuota alimentaria en Colombia no tiene una tarifa fija en la ley, sino que se calcula ponderando las necesidades reales del alimentario (alimentación, educación, salud, vestuario, recreación y vivienda) frente a la capacidad económica del obligado. Si no se logran probar ingresos, la ley presume que el progenitor devenga al menos un salario mínimo legal mensual vigente.

Por disposición expresa del artículo 156 del Código Sustantivo del Trabajo, por deudas de cuota alimentaria se puede embargar hasta el 50% de cualquier ingreso salarial, sin importar si devenga el salario mínimo. Este límite del 50% cobija también todas las prestaciones sociales legales y extralegales, tales como prima de servicios, cesantías y sus intereses.

El REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por la Ley 2097 de 2021) es el sistema oficial donde se inscriben quienes adeuden tres o más cuotas alimentarias. El reporte genera inhabilidad para contratar o posesionarse en cargos públicos, prohíbe tramitar créditos en el sistema financiero, impide perfeccionar escrituras notariales y bloquea la salida del país con menores de edad.

El divorcio express en notaría procede exclusivamente cuando existe mutuo acuerdo entre los cónyuges sobre la separación, la división de bienes y la cuota o custodia de hijos, resolviéndose en pocos días mediante escritura pública. El divorcio judicial es contencioso ante un Juez de Familia cuando una de las partes se niega a divorciarse o no hay acuerdo en bienes o menores.

El artículo 154 del Código Civil consagra nueve causales de divorcio, destacándose las relaciones sexuales extramatrimoniales, el grave incumplimiento de deberes conyugales, la violencia intrafamiliar o ultrajes, el consumo habitual de sustancias psicoactivas o embriaguez, y la separación de hecho ininterrumpida por más de dos años sin importar quién causó el distanciamiento.

Al liquidar la sociedad conyugal se realiza un inventario solemne de todos los activos adquiridos a título oneroso durante el matrimonio y se deducen las deudas sociales vigentes. El remanente neto se divide en partes exactamente iguales (50% de gananciales para cada cónyuge). Los bienes recibidos por herencia, donación o adquiridos antes de la unión permanecen como bienes propios excluidos.

La reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006 es un mecanismo concursal judicial diseñado para salvar empresas viables que atraviesan dificultades financieras transitorias. Permite a la sociedad suspender temporalmente el cobro de sus deudas, frenar embargos y negociar con sus acreedores un acuerdo de reestructuración operativa y financiera para preservar el empleo y continuar operando.

Para admitir una empresa por cesación de pagos, la Ley 1116 exige acreditar el incumplimiento en el pago por más de 90 días de dos o más obligaciones contraídas con dos o más acreedores diferentes, siempre que dichas deudas representen al menos el 10% del pasivo total, o cursar al menos dos procesos ejecutivos en su contra.

La expedición del auto de admisión a reorganización suspende inmediatamente todos los procesos ejecutivos y de cobro coactivo contra la sociedad, ordenando el levantamiento de los embargos sobre cuentas bancarias y activos esenciales para el negocio. Asimismo, queda prohibido a los acreedores cortar servicios o terminar contratos de suministro indispensables unilateralmente por deudas anteriores.

El acuerdo de reorganización debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los votos admisibles (más del 50% del pasivo reconocido), debiendo contar con el voto favorable de al menos tres de las diferentes clases de acreedores (laborales, fiscales, entidades financieras, proveedores o quirografarios). Una vez confirmado por el juez del concurso, es de obligatorio cumplimiento general.

La reorganización empresarial busca preservar la unidad productiva renegociando pasivos y plazos con el fin de que la sociedad continúe operando en el mercado. En contraste, la liquidación judicial procede cuando la empresa no es viable financieramente o incumple el acuerdo de reorganización, ordenando la venta ordenada de todos sus activos para pagar pasivos hasta agotar el patrimonio.